La discusión por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) volvió al centro de la escena después de días de ruido puertas adentro del organismo estadístico. En ese clima, el ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que él y el presidente Javier Milei no estaban de acuerdo con aplicar ahora el cambio metodológico que se venía preparando para actualizar el “índice de inflación”. Y para bajar la temperatura, adelantó una definición que el mercado mira con lupa: la inflación de enero sería “similar” a la de diciembre.
No es un debate menor. El IPC es el número que ordena expectativas, contratos, paritarias, alquileres, bonos y decisiones de consumo. Por eso, cuando se discute si se cambia la forma de medir, la pregunta no es solo técnica: también es política, y pega de lleno en la credibilidad.
Por qué se frenó el cambio del IPC
El eje del argumento oficial es el “momento” elegido. Caputo planteó que cambiar la forma de medir en medio de un proceso de desinflación puede complicar la lectura de la tendencia. La idea es “comparar peras con peras”: si el objetivo es mostrar que la inflación baja de manera sostenida, modificar el termómetro en plena transición puede generar un quiebre en la serie que después se vuelve difícil de explicar.
Detrás de esa frase hay una discusión técnica concreta: el IPC vigente se apoya en una estructura de consumo basada en una encuesta de 2018, pero la pandemia alteró hábitos de compra y prioridades de gasto. El ministro reconoció ese punto: dijo que va a ser necesario “volver a medir” porque los patrones de consumo cambiaron. Sin embargo, sostuvo que el orden lógico sería terminar de consolidar la desinflación y recién después hacer una nueva medición que refleje esos cambios con mayor representatividad.
En paralelo, negó que existiera una presión externa para acelerar la actualización. Afirmó que no hay un pedido del FMI para cambiar el índice ahora y que la discusión fue interna: el equipo técnico quería avanzar desde enero de 2026, mientras que la conducción política prefería postergar la implementación hasta un escenario más estabilizado.
El recambio en el organismo y el mensaje de continuidad
En el mismo mensaje, Caputo buscó despegar la polémica de cualquier idea de “manipulación” del indicador. Enmarcó la salida del entonces titular del organismo, Marco Lavagna, como una decisión sin conflicto personal y remarcó que se fue en buenos términos. Al mismo tiempo, defendió al reemplazante, Pedro Lines, a quien describió como un técnico respetado dentro de la casa.
El trasfondo es político y económico a la vez: cualquier ruido sobre la credibilidad de las estadísticas oficiales se traduce rápido en precios, tasas y expectativas. Por eso el Gobierno intentó mostrar continuidad técnica y, a la vez, control del calendario: mantener el índice actual mientras se redefine si habrá —y cuándo— una nueva medición.
Caputo también vinculó el clima de discusión con el cierre del año pasado, marcado por un episodio de nerviosismo financiero. En su relato, hubo una aceleración del ruido político y un salto en la dolarización de agregados monetarios que habría impactado en actividad, riesgo país e inflación. Mencionó incluso un dato puntual: una dolarización cercana al 50% del M2 en ese tramo, como parte del contexto que, según su visión, volvió más sensible cualquier decisión.
Qué dijo sobre enero y cuándo se conoce el número
La frase más concreta del ministro fue que la inflación de enero sería “similar” a la de diciembre. No dio un número exacto, pero la referencia es importante porque diciembre cerró en 2,8% mensual y el año acumuló 31,5%. Con esa señal, el mensaje político es claro: el Gobierno busca sostener la narrativa de desinflación y evitar que el arranque de 2026 se lea como un rebrote.
¿Cuándo se conoce el dato? La publicación del IPC nacional de enero de 2026 está prevista para el martes 10 de febrero a las 16:00. Ese día se verá si el anticipo del ministro se confirma, si hay algún desvío y, sobre todo, cómo impactan rubros sensibles como tarifas, transporte y alimentos, que suelen mover el número final incluso cuando la tendencia general parece estable.
En el fondo, esa fecha funciona como un examen doble: no solo por el número de enero, sino porque llega en plena discusión sobre metodología. Un dato más alto de lo esperado, en medio de la polémica, tiene más potencia política. Y un dato en línea con diciembre refuerza la estrategia oficial de “no tocar el termómetro” hasta que la desinflación esté más firme.
La señal que miran los inversores: bonos CER y confianza
Para reforzar la idea de que no hay dudas sobre el índice vigente, Caputo apuntó a una señal del mercado financiero: los bonos que ajustan por inflación, conocidos como bonos CER (porque actualizan por el coeficiente asociado al IPC). Su lectura fue directa: si existiera temor a una manipulación futura del dato oficial, esos instrumentos deberían caer primero, ya que dependen del número que se publica cada mes.
Más allá del ida y vuelta, el punto de fondo es confianza. Un IPC creíble es una pieza central para que funcionen contratos y expectativas. Por eso, el debate sobre si se cambia el índice no es un tema “de especialistas”: termina influyendo en el bolsillo y en la estabilidad del sistema.
Por ahora, el Gobierno eligió una salida pragmática: sostener el IPC actual, prometer que más adelante se hará una nueva medición de hábitos de consumo y esperar al 10 de febrero para mostrar con números si la desinflación sigue su curso. La apuesta es que enero no rompa la tendencia y que el cambio metodológico quede para cuando la economía esté menos sensible a cualquier ruido estadístico.
