La reforma laboral llegó a un punto donde ya no se discute solo “qué” se quiere cambiar, sino “cómo” se consigue el voto. A menos de una semana del debate en el Senado, dentro del Gobierno empezó a imponerse una línea intransigente: no introducir modificaciones al texto y sostener la estrategia de “sale así o no sale”. En la Casa Rosada admiten que hay miradas distintas, pero la postura dura ganó terreno en la mesa chica y, hacia afuera, el mensaje es claro: no quieren abrir el proyecto porque temen que cualquier concesión termine desarmando el paquete completo.
El cálculo es político y matemático a la vez. El oficialismo cree tener chances de juntar números para el voto en general, pero reconoce que el riesgo está en la negociación artículo por artículo. Si se abre una puerta, pueden aparecer pedidos en cadena: un cambio lleva a otro, y el proyecto pierde control. En ese escenario, la conducción del operativo legislativo busca cerrar filas antes de entrar al recinto.
Una mesa chica con una consigna: “no modificar nada”
En las últimas reuniones de coordinación política, la idea de no hacer cambios pasó de ser una postura posible a convertirse en la principal. No es un detalle: significa ir a la sesión con el texto prácticamente cerrado y con el objetivo de evitar “parches” de último momento. La jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, que viene llevando adelante las conversaciones con aliados, transmitió que hay margen para sacar la votación, pero también dejó en claro que la ventana para negociar es mínima.
Ese endurecimiento no surge de un capricho: es una respuesta al frente abierto con las provincias. Gobernadores y legisladores aliados vienen presionando para revisar el capítulo fiscal o, al menos, sumar una compensación que amortigüe el impacto en recaudación. Y ahí aparece el choque: el Gobierno teme que, si concede en ese punto, se multipliquen los pedidos y se altere el diseño general de la reforma.
Del otro lado, en provincias que suelen acompañar al Ejecutivo no compran del todo la idea de “texto cerrado” y creen que todavía puede haber correcciones, ya sea antes de la sesión o incluso durante el debate. La lectura provincial es pragmática: si hay votos, habrá negociación; si no hay votos, habrá cambios. Por eso, varios mandatarios prefieren esperar la foto final del recinto antes de definir su posición definitiva.
El nudo de la pelea: Ganancias y el reclamo de las provincias
El punto más conflictivo es el capítulo que modifica el Impuesto a las Ganancias para sociedades. Para el Gobierno es un gesto pro-inversión y un intento de bajar costos para el sector privado. Para las provincias, en cambio, la discusión es la caja: sostienen que puede implicar una merma de recursos y piden algún tipo de mecanismo de compensación o rediseño para que el golpe no sea inmediato.
En esa tensión se juega una parte grande de la sesión. El oficialismo cree que ceder en Ganancias abre una grieta interna: algunos sectores del Gobierno lo ven como una pieza “no negociable” del paquete económico. Otros creen que, si esa parte pone en riesgo toda la reforma laboral, conviene negociar o incluso separar el capítulo fiscal para no arrastrar el resto. Pero la línea que ganó espacio por ahora es la de resistir: no tocar el texto y forzar una definición política en el Congreso.
También hay un dato que pesa: la reforma laboral no termina en el Senado. Aunque obtenga aprobación en la Cámara alta, después deberá pasar por Diputados, donde el tablero suele ser más impredecible. En otras palabras, incluso si el Gobierno llega a la media sanción, la negociación no se termina: se muda de casa y puede volverse más compleja.
Calendario apretado y una sesión que puede correrse
El plan oficial apunta a que el Senado trate la iniciativa el miércoles 11 de febrero. Pero en el propio oficialismo ya asumen que el proceso puede alargarse y que la ley podría terminar votándose más cerca de marzo, ya en el inicio del período ordinario. No es solo una cuestión de rosca: el Congreso tiene una agenda cargada, hay feriados en el medio y la discusión por la reforma laboral compite con otros temas que también buscan prioridad.
Además, incluso si la sesión se realiza en fecha, lo que pase en el recinto puede modificar el recorrido. Si el Senado introduce cambios, Diputados deberá revisar ese texto. Si no cambia nada, Diputados igual puede intentar modificarlo, y ahí aparece el riesgo de que la norma vuelva a la Cámara alta o se empantane en una negociación eterna. Por eso el Gobierno quiere minimizar el margen de reinterpretación: presentar
