Aprobación en el Senado
El Senado dio un paso clave en la modificación de la normativa que protege glaciares en la Argentina. El proyecto obtuvo media sanción el 27 de febrero de 2026, con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. Con esa votación la iniciativa deberá ser tratada por la Cámara de Diputados antes de llegar a la firma presidencial. El Ejecutivo valoró el resultado, afirmó que se corrigen supuestos errores en la catalogación de terrenos y sostuvo que la reforma facilitará avanzar con proyectos mineros en áreas consideradas mal clasificadas.
Qué modifica la norma
El cambio sustancial apunta a redefinir los criterios de protección que establecía la vigente Ley 26.639, sancionada en 2010. Bajo la nueva redacción, solo quedarán alcanzados por la protección aquellos glaciares que cumplan funciones claras de reserva estratégica de recursos hídricos y contribuyan a la recarga de cuencas. Esa limitación reduce las zonas protegidas alrededor de formaciones de hielo y establece una distinción más precisa entre área periglaciar y geoformas periglaciales. La reforma también transfiere a las provincias facultades decisorias sobre qué sectores deben quedar protegidos y en cuáles podrían habilitarse actividades productivas, incluido el desarrollo minero. Además, redefine el rol de organismos técnicos nacionales, lo que disminuye el peso del instituto de referencia en materia geológica y minera y otorga más margen de decisión a autoridades locales. En la práctica, la norma funcionaría como un filtro: no todas las formaciones hoy catalogadas conservarían la protección amplia que tenían bajo la ley anterior.
Motivaciones y marco económico
La promoción de la reforma fue impulsada por gobernadores de provincias con tradición minera. Argumentan que la normativa vigente demoró proyectos y generó incertidumbre para la inversión. En el debate público se vinculó la iniciativa con regímenes tributarios y normativos diseñados para atraer capitales y obras al sector extractivo. El Ejecutivo y los legisladores que apoyan el cambio sostienen que la modificación busca compatibilizar la preservación de recursos hídricos con el desarrollo productivo y la generación de empleo en regiones del interior. También señalaron que la identificación administrativa de glaciares requiere criterios técnicos actualizados para no restringir actividades en terrenos que no cumplen una función hídrica relevante. Los impulsores esperan que mayor autonomía provincial reduzca trámites y acelere inversiones, mientras que opositores reclaman salvaguardas y controles estrictos.
Reacciones, dudas jurídicas y ambientales
La iniciativa generó rechazo de numerosas organizaciones ambientalistas y cuestionamientos de juristas que la consideran un retroceso en materia de protección del agua. Entre los argumentos figura la falta de criterios técnicos claros para definir qué constituye una reserva estratégica, lo que podría generar incertidumbre jurídica y decisiones dispares según la provincia que evalúe cada caso. Especialistas en recursos hídricos advirtieron que la reducción de áreas protegidas puede afectar nacientes y cauces que alimentan sistemas de riego y consumo local, con impacto directo en comunidades agrícolas y pueblos de montaña. Activistas señalaron además el riesgo para poblaciones indígenas y otras comunidades locales cuya supervivencia depende de fuentes de agua de montaña.
Desde el bloque oficialista en el Senado se defendió la iniciativa como una actualización necesaria que otorga protagonismo a las jurisdicciones provinciales para decidir sobre el uso del suelo. En contrapunto, legisladores opositores y referentes técnicos exigieron que cualquier cambio venga acompañado de protocolos de evaluación científica, estudios de impacto hídrico y mecanismos de supervisión independientes. También plantearon la posibilidad de demandas judiciales por la potencial afectación de derechos y por el menor rol de los organismos nacionales encargados de cartografía y control.
La discusión es, además, política. Se desarrolla en provincias donde la minería es un motor económico sensible y en territorios donde las actividades extractivas conviven con formas de vida rurales dependientes del agua de montaña. Las provincias que impulsaron la reforma sostienen que los proyectos generarán inversión y empleo. Quienes se oponen subrayan los riesgos ambientales y sociales a largo plazo y piden garantías técnicas y legales antes de permitir cambios en la protección.
Con la media sanción del Senado, el proyecto ahora espera el debate en la Cámara de Diputados, donde se prevén nuevas discusiones sobre protocolos de evaluación, control y el equilibrio entre protección ambiental y desarrollo productivo. El resultado final definirá si la política pública se inclina hacia una mayor transferencia de autonomía a las provincias o si se mantienen estándares nacionales de protección vigentes hasta ahora.
