Proyecto para cerrar un litigio histórico
El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para autorizar el pago de USD 171 millones a dos fondos acreedores que iniciaron juicios contra la Argentina por títulos en default desde 2001. La iniciativa busca dar respaldo parlamentario a un acuerdo ya alcanzado con los demandantes y cerrar una causa judicial que lleva años en los tribunales de Nueva York.
De acuerdo con el texto oficial, el monto se repartirá en USD 67 millones para Bainbridge y USD 104 millones para Attestor, dos fondos que quedaron fuera de las reestructuraciones de deuda realizadas tras la cesación de pagos.
Qué plantea el Ejecutivo sobre el acuerdo
El Poder Ejecutivo sostuvo que el entendimiento representa una reducción de entre 30% y 35% respecto de lo reclamado originalmente. El caso tramita bajo la órbita de la jueza federal de Nueva York Loretta Preska, en el marco de los litigios derivados de la deuda soberana argentina.
En ese expediente, las partes habían pedido la suspensión del proceso para avanzar con una conciliación. Entre los antecedentes recientes figuró una presentación de Bainbridge para reclamar medidas sobre activos estatales hasta que se completara el acuerdo definitivo.
El primer principio de entendimiento se conoció el 11 de marzo de 2026, cuando las partes informaron avances en la negociación. En esa instancia, el abogado de los demandantes, Dennis Hranitzky, indicó que sus clientes habían alcanzado un acuerdo preliminar con la República Argentina para resolver los reclamos pendientes.
El acuerdo final quedó formalizado el 1 de abril de 2026, según la documentación judicial presentada ante la magistrada. Luego de ese paso, el Gobierno avanzó con el envío del proyecto al Congreso para obtener la aprobación legal necesaria y ejecutar el pago en los términos pactados.
La cláusula sobre los plazos legislativos
El proyecto incorpora una cláusula sobre los plazos legislativos. Allí se advierte que la falta de aprobación parlamentaria dentro del plazo previsto provocaría la resolución automática de las transacciones alcanzadas con los acreedores.
En ese escenario, la Argentina debería retomar los litigios en condiciones potencialmente más costosas. Por eso, el Ejecutivo remarcó que rechazar el acuerdo podría derivar en un escenario financiero más gravoso para el Estado.
Antecedentes del conflicto y efecto fiscal
Este expediente se inscribe en la larga saga judicial que comenzó tras el default declarado por la Argentina en diciembre de 2001. Después de esa crisis, el país realizó canjes de deuda en 2005 y 2010, aceptados por la mayoría de los acreedores, mientras un grupo minoritario decidió no adherir y continuó litigando.
En 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina concretó un pago multimillonario para cerrar buena parte de los reclamos de los holdouts. Sin embargo, quedó un remanente de fondos con demandas abiertas. Este nuevo acuerdo apunta a resolver una parte de esos pleitos aún vigentes.
Desde el Ejecutivo aseguran que el desembolso de USD 171 millones tiene un impacto fiscal reducido en relación con el stock total de deuda pública. Con ese argumento, buscan mostrar que el costo del cierre es limitado frente al riesgo de seguir expuestos a sentencias, intereses y embargos en el exterior.
Ahora, la definición quedó en manos del Congreso. Si el proyecto obtiene aval, el Gobierno podrá avanzar con el pago y cerrar otro capítulo de la extensa disputa judicial por la deuda argentina posterior al default.
Este contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
