Una licitación que dividió al sector
El proyecto minero Vicuña, formado por Lundin Mining y BHP y presentado como la mayor inversión en minería de cobre de la historia argentina, adjudicó la segunda etapa de construcción de su campamento habitacional Batidero, con capacidad para 2.500 camas, a un consorcio liderado por la empresa estatal china PowerChina. La oferta ganadora fue de USD 52 millones. La firma argentina Modular Homes había ofrecido USD 70 millones. La diferencia fue de USD 18 millones.
El consorcio adjudicatario integra a PowerChina como gerenciadora bajo modalidad EPC, a Beijing Chengdong como fabricante de los módulos y a la santafesina RAFA S.A. para las tareas de movimiento de suelos, fundaciones y montaje en sitio. Los materiales, la maquinaria y una parte sustancial del empleo generado por la obra quedaron bajo responsabilidad del bloque chino, con anclaje local reducido a la logística e instalación en territorio argentino.
La operación se enmarca en el Régimen de Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios aduaneros a importaciones vinculadas a proyectos declarados de interés estratégico. Eso significa que los módulos habitacionales fabricados en China ingresarán al país con condiciones arancelarias preferentes, lo que abarató el costo de la propuesta ganadora frente a la producción local.
La recomendación que no se siguió
Fuentes al tanto del proceso de adjudicación señalaron que la gerenciadora del proyecto, la multinacional Fluor, había recomendado elegir a Modular Homes por considerarla superior en términos técnicos. También indicaron que no hubo una instancia de mejora de oferta para la empresa argentina, pese a que tiene antecedentes en el proyecto: participó en etapas anteriores, cuando la iniciativa se denominaba San José.
Desde Vicuña respondieron que el proceso licitatorio fue interactivo y que todos los consorcios participantes debían presentar propuestas técnicas e ir mejorándolas según los requerimientos hasta llegar a una mejor oferta final. La compañía sostuvo que la propuesta seleccionada fue la que mejor respondió a los requerimientos técnicos, de ejecución, seguridad, plazo y costo definidos para una infraestructura de esta escala y complejidad. Además, aclaró que en su operación actual más del 95% de los trabajadores son argentinos y que cerca del 73% de los empleados directos provienen de la provincia de San Juan.
La minera también anticipó nuevos llamados licitatorios: esta obra representa aproximadamente el 25% del campamento final de Vicuña, y próximamente se lanzarán procesos para las etapas siguientes, además de la adjudicación de tres campamentos para el personal de construcción del Corredor Norte.
El impacto sobre la cadena de valor sanjuanina
La decisión disparó el malestar del empresariado de la construcción modular. Juan Pablo Rudoni, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular Industrializada (CACMI), advirtió que cuando una obra de esta magnitud se ejecuta íntegramente con insumos importados, se pierde una oportunidad estratégica para el país. Representantes del sector estiman que una obra de esta escala, instalada por los próximos 25 años en la cordillera sanjuanina, podría haber generado al menos 150 empleos directos y dinamizado la actividad de unas 50 empresas proveedoras de la región.
El argumento central de la industria local no es solo la pérdida de contratos puntuales sino el debilitamiento del tejido productivo regional. Un campamento modular de esta magnitud requiere proveedores de materiales, empresas de instalación eléctrica y sanitaria, fabricantes de muebles y equipamiento, y servicios de mantenimiento durante décadas. Al fabricarse el conjunto en China, esa cadena de valor se exporta junto con los módulos.
La tensión con el eje diplomático del Gobierno
La adjudicación se produce en un momento en que la Casa Rosada busca profundizar su alineamiento con Estados Unidos y ha adoptado una postura más distante con China en materia comercial y diplomática. El gobierno argentino firmó recientemente un acuerdo con Washington orientado, entre otros objetivos, a minerales críticos y cadenas de valor más resilientes. Sin embargo, el RIGI, instrumento propio de la administración de Javier Milei, habilitó las condiciones que permitieron que una propuesta de fabricación íntegramente china resultara más competitiva que una local en el proyecto emblema de la minería nacional.
La tensión no es menor: mientras el Estado negocia en un plano geopolítico la orientación de las inversiones estratégicas, el régimen de incentivos que el mismo Estado creó opera en sentido contrario al favorecer, vía beneficios aduaneros, la importación de infraestructura que podría producirse en el país. El debate sobre los alcances reales del RIGI en términos de encadenamiento productivo local quedó abierto con esta licitación, y la industria modular ya adelantó que seguirá de cerca los próximos llamados de Vicuña para evaluar si el resultado se repite.
