El Gobierno trabaja en un anteproyecto que reforma la Ley General de Vinos 14.878 y modifica distintos aspectos del funcionamiento del sector vitivinícola. La propuesta cambia la definición legal de vino, reduce el alcance de los controles del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), elimina la obligación de fraccionar en origen vigente desde 1984 y plantea derogar la ley que en 2004 creó la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).
El anteproyecto elimina la referencia a la uva fresca
La ley vigente establece que el vino debe elaborarse mediante la fermentación de uva fresca y madura, o de su mosto, dentro de la misma zona donde se produjo la materia prima. El anteproyecto elimina la referencia a la uva fresca en el caso del mosto y también quita la exigencia de elaborar el producto en la zona de origen.
El ex presidente del INV Luis Borsani advirtió que el cambio permitiría producir vino durante todo el año con mostos conservados o concentrados, una práctica que actualmente no está habilitada. A su criterio, la medida podría alterar la compra de uva durante la vendimia, modificar la formación de stocks y afectar el precio que reciben los productores.
El proyecto también modifica el régimen de prácticas enológicas. Toma como referencia las prácticas reconocidas por la Organización Internacional de la Viña y el Vino y habilita al INV a incorporar otras o establecer condiciones distintas para su aplicación. Parte de esas definiciones dejaría de estar en la ley y pasaría a depender de resoluciones del organismo.
El INV dejaría de exigir el Certificado de Ingreso de Uva
El INV interviene actualmente en distintas etapas de la producción para verificar la genuinidad del vino. El anteproyecto concentra esa fiscalización en el producto final y permite que parte de la información que hoy se controla se base en declaraciones juradas de los establecimientos.
En ese esquema desaparece el Certificado de Ingreso de Uva (CIU), el documento que registra el ingreso de materia prima a cada bodega y funciona como una de las principales herramientas de trazabilidad del sector. La eliminación ya había sido incorporada al nuevo Digesto Vitivinícola del INV, pero quedó suspendida después de que distintas entidades presentaran acciones judiciales.
La reforma también elimina la categoría de vinos regionales y habilita la mezcla de vinos importados con producción nacional.
El proyecto propone derogar la Ley 25.849, que creó Coviar
El anteproyecto propone derogar la Ley 25.849, que en 2004 creó Coviar y le asignó la ejecución del Plan Estratégico Vitivinícola, además de coordinar al sector público y privado.
En mayo, la Secretaría de Agricultura había eliminado por resolución los aportes obligatorios que financiaban a la corporación. La medida establecía un plazo de tres meses para cerrar ese esquema y transferir los fondos remanentes al INV. Coviar presentó un amparo y la Justicia Federal dictó una medida cautelar que suspendió la resolución mientras se resuelve la cuestión de fondo.
El sector debate los cambios en los controles y las prácticas
El proyecto todavía debe transformarse en una iniciativa formal y ser tratado por el Congreso. Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola Argentina, sostuvo que la reforma abarca el funcionamiento general de la vitivinicultura y pidió separar los distintos temas.
Villanueva señaló que la definición de vino vigente en el país forma parte de acuerdos del Mercosur y advirtió que una modificación podría generar conflictos con Brasil, un destino relevante para las exportaciones argentinas.
Marcos Jofré, director ejecutivo de Trivento, pidió analizar por separado los aspectos administrativos, los controles y las prácticas enológicas. Consideró que algunas medidas pueden dar flexibilidad operativa sin modificar la identidad ni la trazabilidad del vino. También propuso debatir las prácticas enológicas que están prohibidas en la Argentina y permitidas en otros países productores. El texto deberá definirse durante el tratamiento legislativo, si el Gobierno lo presenta como proyecto de ley.
