Qué propone la iniciativa
La propuesta, impulsada por una senadora opositora, plantea modificar el Código Penal para agravar las penas cuando se compruebe que una denuncia por violencia de género es falsa. El texto propone elevar las penas actuales a 6 meses a 2 años de prisión en casos de calumnias e injurias en ese contexto. También contempla multas de hasta 10.000 salarios mínimos y agravantes cuando la denuncia falsa provoque la detención de la persona acusada o daños a su carrera laboral.
El proyecto incluye mecanismos procesales para acreditar la falsedad de la denuncia y propone sanciones específicas para quienes utilicen la denuncia como herramienta de venganza. Según los impulsores, la iniciativa busca proteger a quienes resultan perjudicados por imputaciones falsas.
Debate y votación en el recinto
El tema fue debatido en sesión plenaria el 9 de abril de 2026, tras recibir dictamen favorable en la comisión de Justicia y Asuntos Penales. En el recinto, el bloque oficialista planteó su rechazo y pidió que el proyecto se archive y continúe su tratamiento en otras comisiones con audiencias ampliadas.
Los legisladores que apoyaron la iniciativa defendieron la modificación como una herramienta para garantizar proporcionalidad y reparar daños concretos a personas cuyos derechos se vean vulnerados por denuncias comprobadamente falsas. Los opositores, en cambio, advirtieron sobre el riesgo de desalentar a víctimas reales de violencia de género.
Posturas y argumentos contrapuestos
Quienes rechazaron la iniciativa sostuvieron que endurecer las penas podría generar un efecto disuasivo entre las víctimas. Remarcaron que existe una brecha entre la magnitud del problema y la cantidad de denuncias formales; señalaron también barreras culturales y institucionales que dificultan la presentación de denuncias.
Desde ese enfoque se subrayó el peligro de que una norma percibida como punitiva frente a la denunciante amplíe la desconfianza y complique el acceso a medidas de protección judicial y administrativa. Los opositores demandaron, en su lugar, más recursos para acompañamiento, acceso a medidas cautelares y formación de operadores judiciales.
Los promotores del proyecto respondieron que, aunque la mayoría de las denuncias no sea falsa, existen casos en los que la comprobada falsedad causa perjuicios severos. Mencionaron consecuencias como encarcelamiento injusto, pérdida de empleo y estigmatización. Por eso propusieron mecanismos que castiguen el abuso del proceso penal sin limitar el derecho de las víctimas a denunciar.
Cifras, antecedentes y posibles efectos
En el debate se presentaron estimaciones y antecedentes judiciales. Se mencionó que un porcentaje limitado de denuncias llega a archivarse por presunta falsedad, con estimaciones en torno al 5-7% en distintos períodos analizados. También se citó una cifra aproximada de denuncias anuales por violencia de género de 250.000, y se puso el foco en el posible subregistro de hechos reales.
Los opositores insistieron en que, en un contexto donde la denuncia representa una decisión de alto costo personal, cualquier norma que aumente ese costo puede reducir aún más la tasa de denuncia. Los promotores replicaron que la ley busca equilibrar derechos y ofrecer respuestas frente a abusos comprobados del sistema acusatorio.
Durante el intercambio se hicieron referencias a fallos judiciales y a causas que generaron debate público en distintos distritos del país. Ese historial alimenta la polarización sobre la materia y explica la cautela institucional para avanzar sin mayores estudios técnicos.
Tras la votación en la que se frenó el avance del proyecto en plenaria, los impulsores anunciaron que podrían volver a presentarlo con modificaciones. Entre las alternativas propuestas figuran la incorporación de salvaguardas procesales, estándares probatorios más claros y plazos acotados para evitar demoras injustificadas.
Los opositores reclamaron, por su parte, reforzar programas de acompañamiento a víctimas, mejorar el acceso a medidas cautelares y profundizar la formación de operadores judiciales. También pidieron ampliar las audiencias técnicas con especialistas en género y operadores del sistema penal antes de avanzar con cambios penales.
El episodio expone la tensión entre dos demandas que atraviesan el debate público: por un lado, la protección de quienes resultan afectados por denuncias falsas; por otro, la necesidad de garantizar que las víctimas de violencia de género no se retraigan por un clima de desconfianza. En los próximos pasos legislativos se esperan propuestas de ajuste que intenten conciliar esas preocupaciones y nuevos cruces en comisiones especializadas.
