Un convenio para acortar la brecha entre tecnología y campo
En el marco de una reunión federal del sector agropecuario en Tucumán, el 6 de abril de 2026 se rubricó un convenio marco de cooperación entre SENASA, INTA y Fundación Benet. El objetivo es promover acciones conjuntas sobre sanidad agroalimentaria, innovación tecnológica y mejora de procesos productivos.
El acuerdo busca avanzar en capacitación, investigación aplicada y generación de datos técnicos para que las nuevas herramientas —como el uso de drones y otras tecnologías de precisión— se traduzcan en prácticas agrícolas más eficientes, de mayor calidad y con menor impacto ambiental.
El convenio establece una alianza institucional por 5 años orientada a potenciar capacidades técnicas y reguladoras. Prevê la articulación de programas de capacitación para productores y técnicos, el desarrollo de ensayos y estudios conjuntos que respalden decisiones de manejo, la creación de protocolos para el uso seguro de tecnologías emergentes y el intercambio de información para mejorar controles y estándares sanitarios a nivel nacional.
Firmaron representantes de las tres instituciones: Nicolás Bronzovich por INTA, María Beatriz «Pilu» Giraudo Gaviglio por SENASA y Ezequiel Baus por la Fundación Benet. Los firmantes destacaron la necesidad de coordinar esfuerzos frente a la rápida evolución tecnológica y los desafíos fitosanitarios.
Investigación y ejemplos prácticos que alimentan el acuerdo
El convenio llega en un momento en que, en distintos ensayos y proyectos, se empiezan a ver resultados concretos sobre la aplicación de tecnologías de precisión en cultivo y manejo de insumos. Un ensayo llevado adelante por equipos de INTA mostró que, mediante el uso de imágenes multiespectrales tomadas desde drones, fue posible lograr una reducción de más de la mitad en la dosis de nitrógeno aplicada en un cultivo de girasol sin impacto negativo sobre el rendimiento. Ese resultado implica ahorro de costos y menor carga ambiental.
Los socios del convenio se proponen validar estos resultados, ampliarlos y transformarlos en recomendaciones prácticas y protocolos que puedan adoptarse a escala. La idea es revisar variables como el momento de aplicación, la dosificación zonal y la calibración de equipos para minimizar el desperdicio y la deriva de productos.
Por qué importa para productores y la cadena agroalimentaria
La iniciativa apunta a resolver una doble necesidad. Por un lado, la adopción de herramientas digitales, sensores y plataformas de análisis exige conocimientos y datos que muchas veces no están disponibles para las explotaciones de menor escala o para técnicos regionales. Por otro, la presión por reducir el uso de insumos y mitigar riesgos ambientales hace imprescindible que la adopción tecnológica vaya acompañada de evidencia técnica y formación.
El convenio prevé actividades que van desde talleres y cursos hasta programas de transferencia y alianzas para generar datos de campo que sirvan como referencia para la regulación y para decisiones comerciales. También se trabajará en protocolos de muestreo estandarizados y en la implementación de sistemas de monitoreo que permitan respuestas tempranas ante incrementos de plagas.
En el actual contexto sanitario del agro hay registros de aumento de poblaciones de ciertas plagas en varias regiones del país. Eso eleva la necesidad de sistemas de monitoreo y respuesta temprana. Incorporar sensores, muestreos estandarizados y metodologías de análisis contribuye a que las acciones de control sean más focalizadas y, por ende, menos intensivas en el uso de agroquímicos.
Pasos siguientes y expectativas
El acuerdo prevé la puesta en marcha de programas piloto, mesas técnicas y protocolos de intercambio de información entre las instituciones firmantes. En lo operativo, se buscará priorizar proyectos que demuestren impacto en eficiencia (menor uso de insumos por unidad producida), en calidad del producto y en sostenibilidad.
También se proyecta trabajar en la armonización de criterios técnicos que faciliten la incorporación de innovaciones al registro y fiscalización de prácticas fitosanitarias. Paralelamente, se enfatizará la necesidad de capacitación continua para técnicos y productores, de manera que la tecnología no quede limitada a demostraciones aisladas.
Desde la Fundación Benet indicaron que la velocidad del avance tecnológico exige no solo innovación, sino también esfuerzos sostenidos para formar recursos humanos y producir datos que legitimen cambios de práctica en el campo. En los próximos meses se esperan cronogramas de actividades, llamados a participar en proyectos piloto y convocatorias a talleres regionales para testear herramientas en distintas realidades productivas del país.
El desafío será combinar la escala nacional de salud agroalimentaria con la diversidad de situaciones productivas locales. Solo así las recomendaciones tendrán aplicabilidad y serán reproducibles en distintos contextos productivos.
