Hallazgos centrales
Un estudio reciente que revisó los planes de gobierno presentados al organismo electoral detectó una tendencia clara: la mayoría de las propuestas sobre empleo se queda en enunciados generales y promesas sin mecanismos operativos. Del total de iniciativas evaluadas, sólo 15 alcanzan un nivel de detalle suficiente para considerarse propuestas completas. Eso representa apenas el 2,3% del universo analizado de 655 medidas.
Carencias y desafíos
Las deficiencias no son menores. Los textos suelen priorizar objetivos amplios como «generar empleo» o «apoyar a las pequeñas empresas» sin explicar cómo se haría la transición desde la informalidad hacia el empleo formal. Faltan diagnósticos sobre causas estructurales. En general se evita abordar la rigidez del mercado laboral, el uso extensivo de contratos temporales, la fiscalización inadecuada o el desajuste entre oferta y demanda. También escasean propuestas concretas para la inserción de jóvenes, un segmento que concentra niveles elevados de economía informal.
La dimensión del problema agrava la situación: al cierre de 2025 más del 70% de la población económicamente activa se desempeñaba en condiciones informales, con porcentajes aún más altos en sectores como comercio y construcción. A ese volumen se le suman costos fiscales y previsionales significativos; estimaciones señalan pérdidas equivalentes a cerca del 4% del PBI por evasión de aportes y tributos vinculados a la informalidad. Sin diagnóstico claro, las medidas pierden eficacia.
Riesgos políticos y consecuencias prácticas
La escasa concreción responde, en parte, a cálculos políticos. Proponer reformas laborales de fondo puede ser impopular y generar resistencias sectoriales. Por eso muchas fuerzas optan por mensajes amplios y promesas de corto plazo. El problema es que la economía informal no se revierte con anuncios; requiere políticas coordinadas que combinen incentivos, fiscalización eficiente y programas públicos de empleo joven.
Otro problema recurrente en los planes es la ausencia de metas cuantificadas. Sin objetivos claros y plazos, las medidas pierden trazabilidad y resulta difícil evaluar compromisos una vez en funciones. Tampoco es infrecuente la falta de especificación de fuentes de financiamiento ni de fases de implementación. Esa práctica refuerza la sospecha de que, para varias agrupaciones, los documentos responden más a una formalidad administrativa que a una hoja de ruta gubernamental.
Hacia una agenda creíble
Las pocas iniciativas que detallan mecanismos proponen incentivos temporales para pequeñas empresas que formalicen trabajadores, programas de acompañamiento técnico para procesos de transición y ajustes en la fiscalización orientados a facilitar la regularización progresiva. Sin embargo, en general no abordan el financiamiento, la secuencia de implementación ni los indicadores para medir avance. Tampoco suelen incluir cambios regulatorios profundos, como reformas a regímenes contractuales o a la estructura de costos no salariales que dificultan la formalización.
Para que un plan de gobierno sea útil más allá del trámite electoral debe incorporar, al menos, una línea de tiempo con etapas claras, una estimación de costos y fuentes de financiamiento, indicadores de seguimiento y mecanismos institucionales para coordinar la implementación. Son necesarias además diagnósticos por sector y por grupos etarios, incentivos temporales bien diseñados para que empresas y trabajadores transiten hacia la formalidad, y una fiscalización inteligente que combine acompañamiento con sanciones. También resulta clave articular estas medidas con políticas de formación y con esquemas de apoyo a micro y pequeñas empresas, que son el núcleo de la economía informal.
La discusión pública exige ahora que las fuerzas políticas profundicen sus propuestas y expliquen cómo convertir promesas en políticas viables que reduzcan la informalidad y fortalezcan la protección social. Sin esos elementos, la mayoría de las propuestas corre el riesgo de quedar como una lista de deseos sin impacto real sobre la calidad de empleo y la recaudación estatal.
