El núcleo de la reforma que ingresará al Congreso
El Ejecutivo nacional y el bloque oficialista en la Cámara de Diputados acordaron el envío de un proyecto que no deroga la normativa vigente, pero sí propone cambios puntuales en los artículos más cuestionados de la Ley de Salud Mental. La iniciativa busca permitir intervenciones más rápidas en situaciones de peligro y autorizar la existencia de hospitales psiquiátricos especializados para casos graves. El texto está previsto que ingrese al Parlamento entre el 7 y el 14 de abril de 2026 y plantea ajustes en definiciones, criterios de internación y financiamiento.
Qué propone puntualmente el proyecto
Una de las principales modificaciones es la redefinición de términos. La expresión amplia vigente sería reemplazada por «trastornos mentales o del comportamiento», con la intención de aproximar el marco legal a categorías diagnósticas internacionales. En cuanto a la hospitalización, el cambio más notorio permitiría la internación involuntaria cuando exista riesgo de daño a la vida o integridad física de la persona o de terceros. En esos casos, los equipos médicos podrían tomar decisiones iniciales en situaciones de urgencia mientras se activan los mecanismos de control correspondientes.
El proyecto también propone dejar sin efecto la obligación de cierre progresivo de establecimientos psiquiátricos. Eso habilita el mantenimiento o la reapertura de camas y servicios para atender problemas de alta complejidad. En materia de recursos, plantea la creación de un fondo específico para servicios de rehabilitación, con prioridad en la atención ambulatoria pero sin excluir internaciones prolongadas cuando sean necesarias.
Por qué el Gobierno plantea estos cambios
La iniciativa parte del diagnóstico oficial de una tensión creciente entre la letra de la ley vigente y la práctica en hospitales y guardias. En los últimos años se detectaron incrementos en derivaciones psiquiátricas y episodios de violencia vinculados a personas con trastornos no internadas. Esa situación llevó a equipos sanitarios y gestores a reclamar mecanismos más ágiles para intervenir ante riesgos inminentes.
Quienes impulsan la reforma sostienen que el ajuste terminológico y la habilitación de internaciones por criterio médico inicial permitirán intervenciones preventivas y aliviarán la saturación de las guardias. En documentos de trabajo se alude, además, a un cierre de camas psiquiátricas desde 2012 y a la necesidad de ampliar la oferta para atender cuadros de alta complejidad.
Respuestas y puntos de fricción en el debate público
La propuesta genera apoyos y cuestionamientos. En el oficialismo y entre profesionales de guardia hay respaldo a la idea de dar herramientas para actuar ante riesgo inminente. Algunos bloques legislativos ya anunciaron adhesión a las líneas centrales del proyecto. En paralelo, organizaciones de defensa de derechos y sectores del peronismo y de la izquierda advierten sobre riesgos de retrocesos en el proceso de desmanicomialización y sobre posibles estigmatizaciones.
En la discusión pública aparecen testimonios de familiares que relatan casos en que no fue posible internar a tiempo. También hay voces que reclaman mayor presupuesto para salud mental. Entre las propuestas que circulan figura llevar el presupuesto destinado a salud mental de un 0,5% del PBI a cerca de un 1% del PBI, con foco en prevención y rehabilitación. Otro eje de conflicto es cómo se garantizarán los controles judiciales y administrativos frente a las internaciones por criterio médico inicial.
El itinerario legislativo previsto incluye tratamiento en comisiones especializadas, con atención a las comisiones de Salud y de Legislación Penal. Se espera un debate que puede extenderse varias semanas. Durante ese proceso, los legisladores podrán presentar enmiendas para ampliar recursos sin habilitar internaciones automáticas y para definir protocolos claros sobre la aplicación de la figura de riesgo y los plazos de control judicial.
La propuesta combina un mayor margen de intervención médica en urgencias con la intención de mantener líneas de atención ambulatoria y de rehabilitación. Quedan abiertas preguntas sobre la articulación con dispositivos comunitarios, las garantías procesales para las personas internadas por criterio médico inicial y la asignación efectiva de recursos humanos y económicos para que la reforma responda a las necesidades que pretende resolver.
