A partir del 4 de junio de 2026, la Argentina tiene un nuevo esquema de derechos de exportación para los principales cultivos granarios. El Decreto 423/2026, publicado en el Boletín Oficial, establece una reducción gradual de retenciones que alcanza a soja, maíz, trigo, cebada, sorgo, girasol y algunos biocombustibles, con un horizonte que llega hasta diciembre de 2028. El Poder Ejecutivo justificó la medida en la necesidad de mejorar la competitividad de las cadenas agroindustriales, atraer inversiones y ampliar la producción exportable.
El sendero para cada cultivo
El producto con mayor peso político y económico del esquema es la soja. El decreto fija una baja desde el 24% vigente en 2026 hasta el 21% en diciembre de 2027 y el 15% desde diciembre de 2028. Los subproductos de soja siguen un sendero similar, con el mismo punto de llegada al final del período. En el caso del biodiésel, la alícuota bajaría al 13% desde diciembre de 2028.
Para maíz y sorgo, el esquema parte del 21% en 2026, cae al 18% desde diciembre de 2027 y llega al 13% desde diciembre de 2028. El trigo y la cebada tienen una reducción más temprana: parte de sus posiciones arancelarias quedan en 5,5% desde junio de 2026. El girasol también integra el cronograma de bajas graduales hasta el cierre del período.
El decreto será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, como establece el procedimiento para normas de este tipo dictadas por el Ejecutivo.
Antecedentes de la medida
La decisión no es un movimiento aislado. En enero de 2025, el Gobierno ya había oficializado una baja temporal de retenciones con vigencia hasta el 30 de junio de 2025, que incluía reducciones para los mismos cultivos y eliminación de derechos para algunas economías regionales. Esa medida tenía carácter transitorio y estaba diseñada para incentivar la liquidación de granos en un contexto de brechas cambiarias elevadas.
El decreto de hoy representa un salto en la lógica de esa política: ya no es una reducción temporal sino un cronograma permanente y escalonado que fija alícuotas para los próximos dos años y medio. El ministro de Economía, Luis Caputo, lo enmarcó públicamente como parte de una estrategia más amplia de alivio fiscal al sector agropecuario e industrial.
Qué cambia y qué sigue igual
La baja más significativa en términos absolutos corresponde a la soja, que acumula una caída de 9 puntos porcentuales entre el nivel de arranque y el punto de llegada en 2028. Para los cereales, la reducción es menor en magnitud pero llega antes en el tiempo, lo que puede tener efecto sobre las decisiones de siembra para la campaña 2026/2027.
El esquema no elimina las retenciones para ninguno de los cultivos incluidos: la soja, que históricamente concentró el debate sobre estos derechos, sigue tributando al cierre del cronograma. La discusión sobre si la baja es suficiente para modificar el comportamiento de los productores, en términos de liquidación, inversión en insumos y expansión de área sembrada, quedó abierta. Entidades del sector no habían emitido una posición unificada al momento de publicación de esta nota.
Un dato que el Ejecutivo no difundió con el decreto es la estimación del costo fiscal total de la medida: cuántos dólares resignará el Estado en concepto de derechos de exportación a lo largo del cronograma hasta 2028. Esa cifra permitiría dimensionar el alcance real de la concesión al sector frente al objetivo declarado de mayor producción y exportaciones.
El contexto del sector
La agroindustria es la principal fuente de divisas del país. En una economía que transita un proceso de normalización cambiaria y acumulación de reservas en el Banco Central, el ritmo de liquidación del agro tiene impacto directo sobre la estabilidad del tipo de cambio y el nivel de reservas brutas. Un esquema de retenciones más bajo reduce el diferencial entre el precio que recibe el productor en pesos y el valor internacional de la mercadería, lo que en teoría achica el incentivo a retener granos a la espera de mejores condiciones cambiarias.
Al mismo tiempo, la baja de alícuotas implica menor ingreso de divisas por cada tonelada exportada al fisco, lo que obliga a compensar con mayor volumen exportado para mantener el flujo de divisas. Ese equilibrio entre precio relativo y volumen es el núcleo del debate técnico que rodea cualquier reforma de retenciones en Argentina.
