La causa judicial que analiza la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito sumó este viernes un paso relevante con la declaración de Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, las dos jubiladas que intervinieron en la venta del inmueble y que además aparecen vinculadas al esquema de financiamiento de la operación. Sus testimonios fueron tomados por el fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de una investigación que busca establecer cómo se pagó la propiedad y si existió un crecimiento patrimonial incompatible con los ingresos declarados por el funcionario involucrado.
El expediente gira en torno a la adquisición de un departamento ubicado sobre la calle Miró, una compra que despertó dudas por la forma en que se habría estructurado. La pesquisa no se limita a revisar una escritura o una transferencia puntual. También apunta a reconstruir el circuito completo del dinero: quién aportó los fondos, bajo qué condiciones se entregaron, qué plazos se fijaron y si hubo movimientos que no encuentran una justificación económica clara.
En ese esquema, las dos mujeres quedaron en el centro de la investigación porque no solo fueron las vendedoras del inmueble. También habrían aceptado una modalidad de pago financiado, un dato que para los investigadores resulta clave. Cuando una operación inmobiliaria se cierra con préstamos privados, cuotas pactadas entre particulares o condiciones por fuera de las prácticas bancarias habituales, la necesidad de explicar el origen y la trazabilidad del dinero cobra mayor relevancia.
Una operación bajo la lupa por sus condiciones
Uno de los puntos que más atención concentra en la causa es que la compra del departamento se habría acordado en cuotas y sin interés. Esa característica fue mencionada en sede judicial por la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la operación. Según surge del expediente, la profesional reconoció esa modalidad, aunque también señaló que no conocía el origen de los fondos utilizados.
Ese detalle es central. En el mercado inmobiliario, una financiación privada puede existir. Pero cuando se habla de montos altos y sin interés, los investigadores suelen preguntarse por qué una parte aceptó esas condiciones y de qué manera se garantizó el cobro. En este caso, el rango bajo análisis sería de entre 100.000 y 200.000 dólares, también sin interés. Esa cifra explica el interés judicial sobre los términos del acuerdo.
La declaración de las jubiladas era esperada por ese motivo. Se trata de testigos que pueden aportar información directa sobre cómo se conversó la venta, quién propuso el sistema de cuotas, qué compromisos se asumieron, si existieron documentos complementarios y de qué modo se fue instrumentando el pago. También pueden ayudar a determinar si el vínculo fue una simple relación comercial o si hubo un acuerdo de confianza con condiciones excepcionales.
Además, la investigación intenta despejar si esa financiación fue la única fuente usada para adquirir el inmueble o si se combinaron distintos aportes. Esa reconstrucción es central para saber si la operación se corresponde con una capacidad económica demostrable o si, por el contrario, aparecen fondos cuya procedencia no está clara.
Una semana de medidas, testimonios y allanamientos
La causa mostró en los últimos días un ritmo más acelerado. A lo largo de la semana se ordenaron medidas para reunir documentación, verificar movimientos vinculados a la compraventa y tomar nuevas declaraciones. También hubo allanamientos en inmobiliarias vinculadas a la operación, con el objetivo de secuestrar papeles, registros y cualquier elemento que permita reconstruir cómo se armó la compra.
En paralelo, la escribana que intervino en la operación ya había prestado testimonio y su aporte fue considerado relevante porque permitió dar un marco más preciso a la modalidad pactada. A eso se sumaron otras líneas de análisis sobre movimientos patrimoniales previos y sobre una posible utilización de préstamos particulares en otras operaciones inmobiliarias anteriores.
El expediente no se limita al departamento de Caballito. También se avanzó sobre obras realizadas en una propiedad ubicada en Indio Cuá y sobre trabajos vinculados al edificio donde está el inmueble investigado. En ese tramo, se incorporaron testimonios del contratista y del encargado del lugar, considerados de interés para determinar si hubo mejoras, inversiones o desembolsos que deban compararse con los ingresos declarados.
Con ese conjunto de medidas, la fiscalía busca armar una imagen completa de la evolución patrimonial y no una foto aislada. El razonamiento es que una sola compra puede no alcanzar para sacar conclusiones. Pero cuando se la cruza con préstamos previos, reformas, gastos en propiedades y documentación comercial, la evaluación patrimonial se vuelve más amplia y precisa.
Qué puede aportar el testimonio de las vendedoras
La declaración de Viegas y Sbabo puede resultar relevante porque ambas estuvieron del otro lado de la operación. Si la compraventa efectivamente incluyó cuotas sin interés, su palabra sirve para conocer en detalle cómo se llegó a esa decisión. También puede aclarar si hubo conversaciones previas, intermediarios, recibos informales, garantías o plazos de cumplimiento que no quedaron plenamente reflejados en la documentación principal.
Otro aspecto observado en la causa es el papel de la defensa del funcionario. El abogado de Manuel Adorni participó de las audiencias testimoniales, una instancia que le permite seguir de cerca cada declaración y ejercer el control técnico sobre el avance del expediente. Ese movimiento forma parte del trámite habitual en una investigación de este tipo, donde las partes buscan intervenir sobre la producción de prueba.
Por ahora, el foco judicial está puesto en determinar si existió o no enriquecimiento ilícito. Para que esa sospecha avance, no alcanza con que una operación resulte llamativa o poco convencional. Lo que debe establecerse es si los bienes incorporados, las mejoras realizadas o los fondos utilizados guardan relación con ingresos legítimos y debidamente acreditados. En otras palabras, la causa intenta responder una pregunta concreta: si el dinero que permitió la compra y otras erogaciones patrimoniales tiene una explicación consistente y verificable.
En ese escenario, el testimonio de las dos jubiladas puede aportar una pieza importante, aunque no definitiva por sí sola. La investigación seguirá con el análisis de documentos, cruces patrimoniales y nuevas medidas de prueba. El objetivo de fondo es establecer con precisión cómo se financió la compra del departamento de Caballito, quiénes participaron en ese circuito y si la operatoria fue compatible con la situación económica del funcionario bajo investigación.
Mientras tanto, la causa entra en una etapa en la que cada detalle suma: la forma de pago, la ausencia de interés, la documentación respaldatoria, las obras realizadas y los vínculos entre los protagonistas de la operación. Con esos elementos, la fiscalía busca despejar si se trató de una compraventa entre particulares con condiciones excepcionales o de un movimiento patrimonial que requiere una explicación más profunda ante la Justicia.
