Las exenciones impositivas que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones otorga a los proyectos ya aprobados implicarían una resignación de ingresos fiscales de u$s1.837 millones por año, según una estimación del diputado nacional Guillermo Michel, ex titular de la Aduana. Ese monto equivale a 0,27 puntos del PBI y surge de un cálculo propio del legislador, no de datos oficiales del Gobierno.
La cifra corresponde a los 13 primeros proyectos aprobados bajo el RIGI y no contempla las dos últimas iniciativas incorporadas al régimen, que elevaron el total a 15 proyectos validados, de acuerdo con datos de la consultora Paspartú. Si se incluyeran esas dos, el costo fiscal proyectado sería mayor.
Qué mide y qué no mide la estimación
El número de Michel refleja el costo tributario esperado de las exenciones: lo que el fisco dejaría de cobrar en impuestos que, bajo el régimen general, esos proyectos deberían pagar. No es recaudación efectivamente perdida hasta ahora, sino una proyección basada en supuestos de inversión y beneficios fiscales aplicables. La distinción importa porque el RIGI apunta a atraer proyectos que, en ausencia del régimen, podrían no radicarse en el país, con lo cual el contrafáctico no es necesariamente recaudación plena.
El cálculo forma parte de una discusión política más amplia entre sectores de la oposición y el esquema de incentivos diseñado por el Gobierno. Michel, quien condujo la Aduana durante la gestión anterior, presenta la estimación como argumento crítico frente al alcance de las exenciones.
El escenario del llamado Super RIGI
Bajo los mismos supuestos metodológicos, Michel extendió la proyección a un esquema más amplio que circula en el debate legislativo bajo el nombre de Super RIGI, que contempla una reducción de la alícuota de Ganancias al 15% y de las contribuciones patronales al 10%. En ese escenario, el gasto tributario proyectado treparía a 1,27 puntos del PBI, lo que representaría una resignación de ingresos del orden de los u$s8.640 millones anuales. La propia estimación aclara que esa cifra no figura de forma explícita en el informe original y es una extrapolación de los mismos supuestos.
Qué es el RIGI y por qué está en discusión
El RIGI fue creado en 2024 como parte del paquete de reformas impulsado por el Gobierno nacional para atraer inversiones de gran escala. El régimen ofrece estabilidad fiscal por 30 años, alícuotas reducidas en Ganancias, Bienes Personales y derechos de exportación, y libre disponibilidad de divisas, entre otros beneficios. Los proyectos deben superar un umbral mínimo de inversión —fijado en u$s200 millones para la mayoría de los sectores— y pasar por una instancia de aprobación oficial.
Los sectores que concentran los proyectos aprobados hasta ahora incluyen energía, minería e infraestructura, rubros que en Argentina históricamente demandaron condiciones de previsibilidad de largo plazo para concretar desembolsos. El Gobierno sostiene que sin incentivos de ese tipo los proyectos no se radicaban, lo que hace que el costo fiscal neto sea menor al que surge de comparar contra el régimen general.
Desde la oposición, el argumento central es que la magnitud de las exenciones implica transferir recursos que el fisco necesita, en un contexto de ajuste del gasto público. La discusión sobre el Super RIGI agrega una capa: si el Congreso avanzara en ampliar los beneficios, el costo proyectado se multiplicaría varias veces respecto del esquema actual.
Por ahora, la estimación de Michel es una de las pocas aproximaciones públicas al costo fiscal del régimen con número concreto. El Gobierno no publicó hasta el momento una proyección oficial equivalente que permita comparar metodologías ni supuestos.
