El Gobierno reglamentó este lunes aspectos centrales de la Ley de Modernización Laboral a través del Decreto 407/26, publicado en el Boletín Oficial. La norma cambia reglas que regían hace décadas en licencias médicas, servicios eventuales, convenios colectivos, representación sindical y recibos de sueldo, e incorpora un nuevo esquema para el pago de indemnizaciones que empieza a regir el 1 de noviembre.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, detalló los alcances de la reglamentación. Sostuvo que la Argentina venía atada a normas laborales «pensadas para un mundo que ya no existe» y enumeró los principales cambios que impactarán sobre trabajadores, empleadores, sindicatos y cámaras empresarias.
Dos grandes ejes en un mismo decreto
El texto avanza sobre dos frentes. Por un lado, reglamenta aspectos vinculados a la legislación laboral propiamente dicha, con foco en los procedimientos cotidianos entre empresa y empleado. Por otro, introduce modificaciones a la Ley de Convenciones Colectivas y a los mecanismos de representación sindical y empresaria, una zona sensible que históricamente concentró tensiones en cada intento de reforma.
La reglamentación llega meses después de la sanción de la Ley Bases y completa varios puntos que habían quedado pendientes de desarrollo normativo. El Ejecutivo eligió avanzar por la vía del decreto reglamentario, sin pasar de nuevo por el Congreso.
Licencias médicas, comunicaciones y desvinculaciones
Uno de los cambios más concretos toca el artículo 210 de la Ley de Contrato de Trabajo. Las licencias médicas laborales deberán instrumentarse obligatoriamente mediante receta digital, con el argumento oficial de dar trazabilidad al diagnóstico y reducir márgenes de discusión. Cuando aparezcan discrepancias entre empleador y trabajador sobre la situación de salud, la norma habilita el uso de una junta médica para resolver el caso.
El decreto también faculta a la Secretaría de Trabajo a implementar procedimientos administrativos digitales para cursar comunicaciones laborales. La medida apunta a reemplazar trámites en papel por mecanismos electrónicos en notificaciones que hoy circulan por carta documento o presentación presencial.
Otro punto relevante: los acuerdos de desvinculación por mutuo acuerdo entre empleador y trabajador podrán homologarse ante la autoridad administrativa. Hasta ahora esa instancia formal no estaba claramente disponible para este tipo de convenios, lo que generaba dudas sobre su validez frente a futuros reclamos judiciales. La reglamentación suma, además, un mecanismo para que las empresas conozcan de manera fehaciente cuándo se inician y cuándo concluyen los trámites jubilatorios de sus empleados.
Servicios eventuales: inscripción exprés y silencio positivo
Uno de los apartados más extensos de la explicación oficial se concentró en el régimen de servicios eventuales, una modalidad que permite a las empresas contratar trabajadores a través de agencias para cubrir picos puntuales de actividad. Sturzenegger afirmó que el esquema vigente desde hace dos décadas era una traba burocrática y que el nuevo marco lo «desmantela».
La inscripción para operar en el rubro pasará a ser simple, gratuita y electrónica, con habilitación automática por silencio positivo a los 15 días hábiles. Es decir, si la autoridad no responde en ese plazo, la habilitación queda otorgada. También se amplían los casos en los que se puede asignar personal bajo esta figura y se modifican las exigencias de solvencia para entrar a la actividad, que según el funcionario hacían «imposible» el ingreso de nuevos operadores y explicaban la baja cantidad de empresas en el sector, sobre todo en el interior del país.
Beneficios sociales y nuevo recibo de sueldo
El paquete fija pautas para los beneficios sociales y para determinados componentes salariales no remunerativos. Entre los puntos habilitados aparecen el pago de gastos de transporte contra presentación de comprobantes y la posibilidad de cubrir servicios de comedor en locales de cercanía, además de la remuneración habitual.
El cambio que más visibilidad va a tener entre los trabajadores es el del recibo de sueldo. La reglamentación obliga a detallar el costo total que abona el empleador por cada puesto laboral, no solamente el bruto y el neto que cobra el empleado. La idea oficial es que cualquier trabajador pueda ver cuánto sale su puesto a la empresa y qué porcentaje de ese monto termina efectivamente en su bolsillo, una vez descontados aportes, contribuciones y cargas.
Indemnizaciones: arranca el Fondo de Asistencia Laboral
En paralelo, el Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral, el esquema previsto para reordenar el pago de las indemnizaciones en el sector privado registrado. Según la información oficial, los empleadores deberán abrir una cuenta individual en un fondo común de inversión o fideicomiso financiero autorizado por la Comisión Nacional de Valores, donde se acumularán los aportes destinados a cubrir esas obligaciones.
El régimen alcanzaría solamente a los trabajadores que registren al menos 12 meses de antigüedad antes de la extinción del vínculo. El aporte mensual sería deducible del impuesto a las ganancias y permitiría una reducción equivalente en las contribuciones patronales, con límites regulatorios sobre el tipo de inversiones autorizadas y las comisiones que puedan cobrar los administradores. Trascendió que el nuevo esquema entrará en vigencia el 1 de noviembre.
La reglamentación todavía deberá enfrentar la prueba de su implementación práctica y las eventuales reacciones de la CGT, las cámaras empresarias y los laboralistas, que tendrán que analizar el alcance fino de cada artículo. Sectores sindicales ya habían anticipado reparos a la modalidad de avanzar por decreto sobre temas que tocan convenios colectivos y representación gremial, mientras que voces empresarias venían reclamando reglas más claras en materia de despidos, recibos y costos laborales.
