El Gobierno nacional impulsa en las últimas semanas un paquete coordinado de reformas orientadas a mejorar el clima de inversión, en un contexto en el que la Argentina quedó en el último lugar del ranking regional de inversión extranjera directa entre las principales economías de América Latina. La secuencia de iniciativas, que abarca propiedad privada, derecho societario, inteligencia artificial estatal y un eventual programa de residencia para inversores, coincide con la llegada al país del empresario tecnológico Peter Thiel, una de las figuras de mayor peso en el ecosistema del capital de riesgo global.
Los datos que enmarcan la discusión son contundentes. La Argentina cerró 2025 con apenas USD 3.134 millones netos de inversión extranjera directa, muy por debajo de Brasil, que captó USD 76.877 millones, y de México, con USD 40.871 millones. Incluso Costa Rica, con una economía sustancialmente menor, superó al país con USD 5.733 millones. Esa fotografía estadística condensa décadas de tensiones entre el capital externo y sucesivos marcos regulatorios locales, con episodios de expropiaciones, controles cambiarios y modificaciones retroactivas de reglas de juego.
Propiedad privada y expropiaciones
El primer eje del paquete es el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La iniciativa ya obtuvo dictamen en el Senado y podría tratarse en el recinto el jueves 4 de junio.
El proyecto reforma el régimen de expropiaciones y endurece los requisitos que debe cumplir el Estado para avanzar sobre un bien privado. La idea de fondo es limitar la discrecionalidad política y otorgar mayor previsibilidad jurídica a los propietarios, tanto locales como extranjeros. En paralelo, elimina las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros que habían sido establecidas durante la gestión kirchnerista bajo el argumento de la soberanía alimentaria.
Los fundamentos oficiales sostienen que aquella normativa funcionó como un desincentivo a la inversión internacional, particularmente en el sector agropecuario. El nuevo enfoque, en cambio, concentra los controles en los casos en que estén involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos, y no en el capital privado.
La reforma también deroga la norma que restringía la venta de tierras afectadas por incendios —una disposición impulsada en su momento por Máximo Kirchner— e incorpora cambios en los procesos de desalojo, con un trámite más ágil para casos de falta de pago o usurpación. A esto se suma la digitalización integral de los registros inmobiliarios, una asignatura pendiente en un sistema que muestra signos de saturación: las escrituras en la Ciudad de Buenos Aires crecieron 70% en 2025 respecto de 2023.
Una nueva ley de sociedades
El segundo pilar es la nueva Ley General de Sociedades, enviada al Congreso para reemplazar a la normativa vigente, que data de la presidencia de Alejandro Agustín Lanusse. Para el ecosistema emprendedor y la economía digital, el marco actual quedó desactualizado.
La reforma convierte buena parte de las normas de la ley en disposiciones supletorias: el estatuto de cada sociedad pasa a ser la regla principal, y la intervención estatal se reduce. Se eliminan controles de los registros públicos considerados arbitrarios y se habilita la resolución de conflictos societarios ante jurisdicciones extranjeras, cuando las partes así lo acuerden.
El proyecto incorpora además la digitalización total de los procedimientos: domicilio electrónico, registros digitales, asambleas virtuales y constitución de sociedades mediante firma digital. También aparecen figuras propias de la economía descentralizada, como las DAO, un reconocimiento legal pensado para atraer empresas vinculadas con blockchain y activos digitales.
Inteligencia artificial y “Golden Passport”
El paquete se completa con dos iniciativas de naturaleza distinta. Por un lado, el 22 de mayo el Ministerio de Capital Humano anunció el lanzamiento del “Gemelo Digital Social”, una herramienta de inteligencia artificial destinada a diseñar y evaluar políticas públicas. La propuesta busca incorporar tecnologías de análisis predictivo a la gestión social, en línea con experiencias que vienen aplicando algunos gobiernos europeos.
Por otro lado, el Gobierno discute la creación de un “Golden Passport”, un esquema de residencia o ciudadanía vinculado a inversiones de capital. La figura, habitual en países como Portugal, Malta o varios Estados del Caribe, otorga beneficios migratorios a extranjeros que comprometan determinados montos en proyectos productivos o financieros. Los detalles del programa local todavía no fueron oficializados.
El factor Thiel
En ese marco se inscribe el encuentro del presidente Javier Milei con Peter Thiel en la Casa Rosada. Thiel es cofundador de PayPal y de Palantir, además de uno de los inversores más influyentes de Silicon Valley, con participaciones en compañías como Facebook en sus inicios y vínculos políticos estrechos con el ala libertaria del Partido Republicano en Estados Unidos.
La afinidad ideológica entre ambos no es nueva: Milei suele citar autores y referencias del universo libertario que también forman parte del marco intelectual de Thiel. Para analistas del sector privado, la visita del empresario en simultáneo con el avance de las reformas funciona como una señal hacia otros fondos y compañías tecnológicas que evalúan al país como destino de capital.
Trascendió que la agenda incluyó intercambios sobre el desarrollo del sector tecnológico local, energía y minería, tres áreas en las que la Argentina busca consolidarse como proveedor global. No hubo, hasta el momento, anuncios concretos de desembolsos vinculados a Thiel o a sus fondos.
Tensiones legislativas en paralelo
El paquete proinversión convive con tensiones políticas en el Congreso. La discusión sobre la reforma electoral, los pliegos judiciales pendientes y el debate por los subsidios energéticos generan ruido en el oficialismo, que no cuenta con mayoría propia en ninguna de las dos cámaras.
La oposición critica el ritmo y el alcance de las reformas. Sectores del peronismo advierten que la flexibilización del régimen de tierras y la apertura a jurisdicciones extranjeras en conflictos societarios pueden erosionar herramientas de control estatal. Desde el bloque oficialista, en cambio, sostienen que se trata de actualizar un marco normativo que quedó atrasado respecto de los estándares regionales.
El resultado del tratamiento del proyecto de propiedad privada el próximo jueves será un primer test concreto. De aprobarse, el Gobierno avanzaría con el resto del paquete en las próximas semanas, en una secuencia legislativa que apunta a mostrar resultados antes del segundo semestre y a consolidar el mensaje hacia los inversores internacionales.
