Una coalición de 42 fiscales generales estaduales de Estados Unidos abrió una investigación formal contra OpenAI y emitió una subpoena, es decir, un requerimiento legal de documentos, que abarca un espectro inusualmente amplio de prácticas de la compañía. El pedido incluye información sobre publicidad, estrategias de retención de usuarios, manejo de datos de consumidores y de salud, interacciones con menores y adultos mayores, sycophancy de sus modelos, la tendencia de los sistemas de IA a decirle al usuario lo que quiere escuchar en lugar de respuestas precisas, y las políticas internas de seguridad. La medida se conoció días después de que trascendiera que OpenAI habría presentado documentación preliminar para una eventual salida a bolsa (IPO).
La investigación alcanza publicidad, datos y seguridad
Lo que distingue esta pesquisa de acciones legales anteriores es su alcance. No está motivada por un incidente puntual ni se concentra en una sola práctica comercial. La subpoena cruza regulaciones de protección al consumidor, privacidad de datos, seguridad de productos digitales y bienestar de usuarios vulnerables. La coalición estaría encabezada por el fiscal general de Pensilvania, Dave Sunday, según información de personas familiarizadas con el caso.
OpenAI confirmó que recibió el requerimiento y dijo que toma las preocupaciones seriamente, y se comprometió a cooperar de forma constructiva con las oficinas estaduales involucradas. La empresa no cuestionó la legitimidad del proceso ni adelantó posición legal.
La carta de diciembre de 2024 y el salto a una subpoena
Esta investigación no surge de la nada. En diciembre de 2024, ese mismo bloque de fiscales generales envió una carta conjunta a varias compañías de IA, entre ellas OpenAI, Meta, Anthropic, Google y xAI, y les exigió que implementaran salvaguardas para proteger a usuarios vulnerables frente a interacciones potencialmente dañinas con chatbots. En aquel momento, el pedido quedó en advertencia formal sin consecuencias legales inmediatas.
El paso a una subpoena marca un cambio de registro: ya no es una carta de preocupación, sino un mecanismo legal que obliga a presentar documentación bajo apercibimiento. Eso transforma la situación de un diálogo regulatorio a una investigación con poder coercitivo.
Florida abrió una investigación penal en abril de 2025
Fuera de la coalición estadual, Florida profundizó su propio frente contra OpenAI. En abril de 2025, el fiscal general James Uthmeier abrió una investigación de carácter penal vinculada al papel de ChatGPT en un tiroteo masivo ocurrido en la Universidad Estatal de Florida. Días después, el estado presentó una demanda civil contra OpenAI y su CEO Sam Altman, y alegó que la compañía lanzó un producto inseguro al público e ignoró advertencias internas sobre riesgos concretos.
Esa demanda es la acción legal más avanzada contra OpenAI hasta el momento en el ámbito estadual y opera en paralelo a la investigación de los 42. Ambas comparten argumentos sobre seguridad, pero tienen fundamentos legales y foros distintos.
La respuesta formal de OpenAI será el próximo paso
En Estados Unidos no existe aún una ley federal específica para regular la inteligencia artificial de uso general. Ese vacío dejó a los estados como actores centrales de la presión regulatoria sobre las grandes compañías de IA. La movida de los 42 fiscales es la acción coordinada más amplia que se registra hasta ahora a nivel estadual contra un desarrollador de modelos de lenguaje grande.
La posible presentación de documentación para una IPO somete a OpenAI a un escrutinio adicional, porque cualquier litigio o investigación regulatoria relevante debe quedar reflejado en los documentos de oferta pública. Por ahora, la compañía no confirmó ni desmintió oficialmente el estado de ese proceso bursátil. La próxima fecha clave será la respuesta formal de OpenAI a la subpoena, cuyo plazo no fue divulgado públicamente.
