Una organizadora laboral de Minnesota, Janette Zahia Corcelius, demandó al gobierno de Estados Unidos luego de que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) le confiscaran su teléfono celular al regresar de un viaje de tres semanas por Europa. Según la denuncia presentada ante un tribunal federal en Minnesota, el aparato todavía no fue devuelto.
El episodio ocurrió a fines de abril en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul. Corcelius fue detenida e interrogada por agentes de aduanas. Antes de dejarla ir, los oficiales revisaron su equipaje dos veces, le incautaron literatura política que había comprado en el exterior y le retuvieron el teléfono.
CBP le incautó el celular después de que llamara a su abogado
De acuerdo con la presentación judicial, Corcelius llamó a su abogado tras ser apartada para el interrogatorio. Entregó su teléfono al supervisor de turno de CBP para que pudiera hablar con su representante legal. Luego le informaron que el aparato quedaba confiscado. El resto de sus pertenencias fue revisado por agentes de CBP y por personal de Homeland Security Investigations, una división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enfocada en delitos internacionales, narcotráfico y amenazas a la seguridad nacional.
CAIR sostiene que la confiscación viola la Cuarta Enmienda
El Council on American-Islamic Relations (CAIR) demandó al gobierno en nombre de Corcelius y sostiene que la mujer está siendo perseguida por su oposición a los operativos de ICE en Minneapolis. La demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional alega que la confiscación del teléfono viola la Cuarta Enmienda de la Constitución, además de las propias regulaciones de CBP sobre registros e incautaciones.
La organización va más allá del caso puntual y argumenta que CBP realiza registros sistemáticos de los dispositivos de activistas, utilizando el lenguaje y las herramientas del contraterrorismo para apuntar contra críticos y militantes de izquierda. El planteo se inscribe en los esfuerzos del presidente Donald Trump por perseguir a quienes denomina extremistas violentos de izquierda, incluidos anarquistas y antifascistas.
CBP distingue entre registro básico y forense avanzado
CBP puede realizar dos clases de inspección de teléfonos y otros dispositivos en la frontera. La básica permite revisar únicamente el contenido visible mientras el aparato está en modo avión. La forense avanzada conecta el teléfono a un dispositivo externo que permite recorrer y eventualmente copiar su contenido.
Los ciudadanos estadounidenses no pueden ser impedidos de reingresar al país aunque rechacen un registro de su teléfono, pero el aparato puede ser incautado. Si los agentes logran desbloquearlo, ya sea de forma manual, mediante datos biométricos o con herramientas de empresas como la israelí Cellebrite, capaz de desbloquear y extraer datos de teléfonos, su contenido también puede ser examinado.
CBP realizó 55.318 registros de dispositivos en el año fiscal 2025
Las inspecciones de teléfonos por parte de CBP siguen siendo relativamente poco frecuentes, pero van en aumento. La agencia realizó 55.318 registros de teléfonos y otros dispositivos electrónicos durante el año fiscal 2025, frente a 41.767 en 2023, un incremento del 32%.
La demanda de CAIR remarca que los agentes fronterizos solo pueden confiscar la propiedad de una persona en un puerto de entrada si tienen causa razonable para creer que se violó alguna ley o regulación aplicada por CBP o ICE. Existe una excepción a esa regla: la preocupación por la seguridad nacional. Desde el regreso de Trump al gobierno, inmigrantes, turistas y otros no ciudadanos fueron deportados o se les negó el ingreso al país tras el registro de sus teléfonos por parte de CBP. Activistas, incluidos integrantes de un convoy que llevó ayuda humanitaria a Cuba, también tuvieron sus dispositivos incautados en la frontera.
