Ampliación de la denuncia contra la cúpula de la AFA
La Administración de Recaudación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ARCA) presentó una ampliación de denuncia ante el juez federal Diego Amarante contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por una presunta maniobra con facturas apócrifas por $298.456.000. Según la presentación judicial, ambos habrían integrado una “asociación ilícita fiscal” destinada a justificar gastos y reducir el pago de impuestos mediante proveedores sin actividad real.
La causa tramita en el Juzgado Federal N°12 de la Ciudad de Buenos Aires, en el expediente N° 14.000/2024, y se suma a una investigación previa por supuesta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de $19.104 millones. De acuerdo con la denuncia, las maniobras habrían ocurrido entre 2017 y 2021, período en el que Tapia ya estaba al frente de la AFA y Toviggino ocupaba cargos de peso en la estructura dirigencial.
Qué sostiene ARCA en la presentación
La ampliación incorporó peritajes contables de gran volumen, con unas 1.200 páginas, en los que se describen facturas emitidas por firmas que, según el organismo, serían proveedores fantasma, empresas inactivas o sin capacidad económica real. Entre los nombres mencionados figuran sociedades como “Publicidad Integral SRL”, “Servicios Generales SA” y “Comercializadora del Plata SRL”, esta última vinculada a comprobantes por alrededor de $45 millones pese a no registrar actividad compatible, de acuerdo con los informes citados.
La hipótesis es que esos comprobantes fueron utilizados para deducir IVA e Ingresos Brutos y para respaldar gastos que en realidad no habrían existido. ARCA también sostuvo en su boletín oficial que solo en 2019 el esquema habría generado un impacto de $50 millones en IVA evadido. En paralelo, la pesquisa original apunta a retenciones y aportes que habrían sido descontados pero no ingresados al fisco ni a los sistemas de seguridad social.
El trasfondo económico de la investigación
En el expediente se analiza un presunto perjuicio total al erario de unos $25.000 millones, sumando distintos conceptos fiscales. Parte de la sospecha judicial se concentra en el uso de fondos vinculados a la actividad de la AFA, incluidos ingresos por derechos televisivos y otros contratos comerciales. También aparecen bajo revisión gastos asociados a viajes, viáticos y eventos que, según distintas reconstrucciones periodísticas, habrían sido cubiertos con documentación irregular.
El caso adquirió mayor relevancia porque no se trata de una denuncia aislada. La AFA ya había quedado bajo observación por auditorías internas que detectaron irregularidades por $2.500 millones en gastos no justificados, según un informe de la sindicatura remitido a la Justicia en 2023. Esa documentación pasó a formar parte del contexto que hoy rodea la causa federal.
Las respuestas de Tapia, Toviggino y la AFA
Hasta ahora, no hay procesamientos ni medidas cautelares. La causa se encuentra en etapa de prueba y el próximo llamado a indagatoria fue fijado para el 20 de mayo. ARCA había realizado citaciones previas a Tapia y Toviggino, pero ambos no comparecieron en esas instancias, según consta en la reconstrucción del expediente.
Desde el entorno de Claudio Tapia la acusación fue rechazada. El presidente de la AFA sostuvo que se trata de “un montaje opositor” y adelantó que presentará sus descargos. En el caso de Pablo Toviggino, no hubo una declaración pública directa, aunque su defensa pidió la nulidad de actuaciones por supuesta falta de pruebas. La AFA, por su parte, afirmó en un comunicado que está colaborando con la Justicia y que el expediente no altera el funcionamiento de la entidad.
Impacto político y deportivo
La denuncia golpea al corazón de la conducción del fútbol argentino en un momento de fuerte exposición internacional de la AFA. Tapia preside la entidad desde 2017 y consolidó poder tanto en el plano local como en su vínculo con Conmebol y FIFA. Por eso, cualquier avance judicial tiene efecto político, institucional y también simbólico sobre el fútbol argentino.
En las últimas horas, el caso tuvo amplia repercusión en medios nacionales e internacionales y generó reacciones en redes sociales, donde se mezclaron críticas por presunta corrupción, defensas de tono político y pedidos de explicaciones públicas. Más allá de esas lecturas, el punto central es judicial: la investigación busca determinar si existió un sistema organizado para evadir impuestos y justificar gastos mediante documentación falsa.
Por ahora, el expediente sigue abierto y sin resolución de fondo. Lo que sí quedó formalizado es que la Justicia federal ya tiene en estudio una denuncia ampliada que coloca a Tapia y Toviggino bajo una acusación grave, con cifras millonarias y potenciales consecuencias penales si los peritajes y pruebas incorporadas terminan siendo convalidados en sede judicial.
