Reclamo del sector productivo
Hugo Meloni, presidente de Apronor, rechazó que la Ley de Semillas vigente sea la responsable de la caída de rendimientos en los campos argentinos. Para Meloni, la explicación principal está en la falta de reinversión causada por la presión fiscal sobre las exportaciones y la consecuente baja rentabilidad del productor. «Lo que saca el productor no alcanza para reinvertir», dijo. Remarcó, además, que después de pagar la semilla el productor debe poder reproducirla para su uso sin quedar sujeto a cánones de por vida. Esa postura vuelve a poner en primer plano la figura del «uso propio» reconocida por la normativa actual y el reclamo de quienes buscan reducir costos en la siembra. El sector insiste en que mejorar la rentabilidad es clave para recuperar inversión y rendimientos.
La contrapropuesta de los semilleros y de los técnicos
Por el otro lado, entidades del sector semillero advierten que mantener el statu quo desincentiva la investigación y facilita la proliferación del mercado informal. En el debate circulan estimaciones que ubican al comercio no regulado de semillas entre el 60 y el 70% del área cultivada, una cifra que preocupa por la calidad genética y por las pérdidas que eso implica para la inversión en I+D. Los semilleros plantean la necesidad de cambios que fortalezcan la trazabilidad, fiscalicen el uso propio y protejan los derechos de obtentores para sostener la innovación tecnológica en variedades. Técnicos del sector piden reglas claras que permitan recuperar inversión privada sin eliminar la posibilidad de que el productor acceda a semillas a costos razonables.
Un marco legal con más de medio siglo
La normativa que regula la obtención, producción y comercialización de semillas en el país data de 1973 y corresponde a la Ley 20.247. En 2016 se intentó avanzar con un proyecto para actualizar ese marco, proponiendo un mayor rol del instituto regulador, límites al uso propio y medidas para combatir el comercio ilegal. Esa iniciativa no prosperó en su totalidad y el tema volvió a quedar abierto. Unos piden proteger la propiedad intelectual para incentivar inversiones; otros reclaman mantener la posibilidad de reproducir semillas para reducir costos en un contexto de márgenes ajustados. También hay propuestas intermedias de entidades técnicas que buscan combinar fiscalización y protección de la calidad genética con herramientas que contemplen la realidad económica del agricultor.
Clima, retenciones y números que empujan el debate
El cruce entre posicionamientos políticos y técnicos se da en un contexto productivo complejo. En la campaña 2023/24 la soja registró rendimientos de alrededor de 2.800 kg/ha, por debajo de promedios históricos como 3.200 kg/ha. El maíz también mostró caídas atribuidas en parte a condiciones climáticas adversas. A eso se suma la presión tributaria: las retenciones sobre soja y otros cultivos son, según los productores, un factor que limita la posibilidad de reinvertir.
En términos de producción agregada, los números recientes muestran que Argentina quedó por detrás de su principal competidor regional en volumen de granos. En años recientes Brasil alcanzó cifras máximas que superaron las nacionales y, en algunos ciclos, consolidó un salto en la producción impulsado por la expansión de soja y maíz. En el país, las producciones se vieron afectadas por sequías y la falta de inversión, una combinación que alimenta la discusión sobre reformas legales y esquemas de incentivos.
También hay diferencias en las experiencias internacionales. Algunos países adoptaron normas más protectoras de los obtentores y aun así registraron crecimientos productivos. Otros advierten sobre la erosión de semillas locales cuando la regulación favorece excesivamente a corporaciones o patentes fuertes. Esos ejemplos se citan con frecuencia en los argumentos de uno y otro lado.
En el terreno político y legislativo, la discusión sigue abierta. En 2025 una provincia aprobó normas destinadas a proteger la pureza genética y ordenar la producción de híbridos con la idea de potenciar exportaciones. Eso muestra que también hay iniciativas subnacionales en marcha. Para avanzar a nivel nacional, actores clave coinciden en que será necesario un diálogo que incluya a productores, semilleros y organismos técnicos, con foco en trazabilidad y equilibrio entre derechos de quienes desarrollan nuevas variedades y la viabilidad económica del productor.
Los números económicos del sector figuran en la discusión pública. Se menciona que las exportaciones de semillas representaron cerca de USD 500 millones en 2024 y que el perjuicio por piratería y comercio informal podría rondar los USD 200 millones anuales en I+D no realizados. Esas cifras se usan para dimensionar el impacto de un mercado regulado frente a uno con fuerte presencia informal.
La disputa no se limita a un texto de ley. Combina debates sobre políticas de retenciones, estructura de costos, inversión privada en investigación, controles sobre el mercado informal y ejemplos internacionales. Mientras algunos productores sostienen que la normativa vigente no explica la caída de rindes y que la clave está en la falta de inversión, los semilleros insisten en que una ley más moderna es necesaria para garantizar calidad y fomentar innovación. El resultado práctico dependerá de si las partes logran acordar cambios que combinen seguridad jurídica para los obtentores con herramientas que permitan a los productores acceder a tecnología a costos sostenibles.
