El concurso preventivo de Ribeiro, abierto en 2021, vuelve a foja cero en su etapa de negociación. La Justicia dispuso un nuevo período de exclusividad para que la cadena de electrodomésticos consiga otra vez las mayorías necesarias entre sus acreedores, después de que la Cámara Comercial entendiera que los cambios introducidos por la empresa tras el incendio que destruyó su principal activo equivalían a una nueva propuesta y, por lo tanto, requerían una votación nueva. El plazo para cerrar ese proceso vencerá el 29 de septiembre de 2026, con audiencia informativa fijada para el 22 de septiembre.
El activo que sostenía la propuesta original
Toda la arquitectura de pago que Ribeiro había diseñado para salir del concurso giraba en torno a un único bien: el centro de distribución de Carlos Spegazzini, en el partido de Ezeiza, sobre la ruta 205. El predio contaba con 58.000 metros cuadrados de terreno y más de 16.000 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en dos naves logísticas AAA interconectadas, con 12 docks de carga y descarga, sistema de sprinklers, generador propio, oficinas y sectores de almacenamiento.
Ese inmueble había recibido una oferta formal de compra de 9,5 millones de dólares por parte de Pablo Perelmutter, quien propuso adquirirlo al contado y en billetes. Sobre esa operación, la empresa construyó una mejora de su propuesta concordataria: la idea era evitar los costos del fideicomiso originalmente previsto y acelerar el desembolso a los acreedores.
El incendio y la reformulación del esquema
Mientras la Cámara Comercial analizaba la apelación de Ribeiro contra la negativa inicial a homologar el acuerdo, el centro de distribución quedó destruido por un incendio. La empresa informó entonces que reformularía la propuesta: en lugar del inmueble, los acreedores pasarían a cobrar con la indemnización de los seguros y con los fondos que pudiera obtenerse por la eventual venta del terreno donde estaba emplazada la planta.
En el expediente figuran tres aseguradoras involucradas: La Mercantil Andina, Berkeley Internacional Seguros y La Meridional. Ribeiro argumentó ante la Justicia que, por el principio de subrogación real, el dinero del seguro debía sustituir al inmueble destruido dentro del esquema de pago. Además, sostuvo que la combinación entre indemnización y venta del terreno podría mejorar incluso las expectativas de recupero respecto del escenario anterior al siniestro.
La decisión de la Cámara y sus consecuencias procesales
La Cámara Comercial terminó revocando la decisión que había rechazado homologar el acuerdo preventivo, pero no despejó el camino: entendió que la reformulación presentada por Ribeiro constituía una nueva propuesta y que los acreedores debían volver a pronunciarse sobre ella. Con esa definición, devolvió el expediente al juzgado de primera instancia para que se determinara el mecanismo procesal correspondiente.
El juez resolvió abrir un nuevo período de exclusividad, la etapa en la que la empresa concursada tiene el monopolio de la negociación con sus acreedores para conseguir las mayorías que habilitan la homologación. Ribeiro apeló esa resolución, pero el magistrado mantuvo su criterio y concedió el recurso para que la Cámara vuelva a intervenir.
El resultado concreto es que el proceso retrocede a una instancia que la empresa ya había transitado, esta vez sin el inmueble que le daba sustento a la propuesta original y con la incertidumbre sobre el monto efectivo que las aseguradoras reconocerán por el siniestro. La CNV ya fue notificada del nuevo cronograma procesal.
Ribeiro inició el concurso preventivo en 2021. Desde entonces, el proceso acumuló sucesivas complicaciones: la negativa inicial del juzgado a homologar el acuerdo, la apelación ante la Cámara, el incendio de Spegazzini y ahora este nuevo período de exclusividad. Cada instancia extendió el horizonte de resolución y mantuvo la incertidumbre tanto para los acreedores como para la operación cotidiana de la compañía.
Con el plazo de exclusividad extendido hasta fines de septiembre del año próximo, la salida definitiva del concurso queda postergada al menos hasta el cuarto trimestre de 2026, sujeta a que Ribeiro consiga otra vez las adhesiones necesarias y a que la Justicia homologue el acuerdo que resulte de esta nueva ronda de negociaciones.
