Construir infraestructura de inteligencia artificial cerca de zonas residenciales se convirtió en uno de los conflictos urbanos más extendidos en Estados Unidos. Una encuesta reciente indica que el 70% de los estadounidenses se opone a que se instalen centros de datos en la cercanía de sus hogares, un salto significativo respecto del 47% que expresaba la misma posición a fines de 2024. El dato más llamativo del relevamiento es que los centros de datos hoy generan más rechazo local que las plantas nucleares, un tipo de instalación históricamente resistida por las comunidades.
De dónde viene el rechazo
Las razones que impulsan la oposición no son abstractas. Los centros de datos requieren enormes cantidades de electricidad y agua para funcionar y refrigerar sus servidores. Según proyecciones del grupo de consultoría Boston Consulting Group, para 2030 el consumo eléctrico de estos centros en Estados Unidos equivaldrá al de dos tercios de la población del país. A escala global, se estima que la demanda energética del sector crecerá un 160% para ese mismo año, lo que prácticamente duplicaría la demanda eléctrica mundial actual dedicada a esta infraestructura.
Para los residentes cercanos, ese consumo se traduce en algo concreto: facturas de luz más caras, ruido permanente por los sistemas de ventilación y generadores diésel de respaldo, y la ocupación de terrenos que antes eran parques, zonas verdes o simplemente espacio vacío entre barrios. A eso se suma la percepción de falta de transparencia en las decisiones: en varios estados se documentaron adquisiciones de terrenos sin comunicación previa a las comunidades afectadas.
Casos concretos en varios estados
El conflicto tiene ejemplos puntuales en todo el país. En el condado de Fairfax, Virginia, la Junta de Supervisores aprobó el proyecto Plaza 500, un centro de datos de más de 43.000 metros cuadrados con subestación eléctrica propia, ubicado en las inmediaciones de viviendas, parques y un centro comunitario. La aprobación se hizo bajo las reglas de zonificación anteriores, justamente antes de que entraran en vigor nuevas restricciones. Líderes locales cuestionaron abiertamente los incentivos fiscales que reciben las empresas desarrolladoras frente al impacto que cargan los vecinos.
En Texas, comités vecinales, organizaciones ambientalistas y funcionarios locales vienen bloqueando o retrasando mega-proyectos vinculados al auge de la IA y las criptomonedas. En Missouri, la ciudad de St. Charles aprobó por unanimidad una moratoria de un año que prohíbe toda nueva construcción de centros de datos, citando el consumo masivo de agua, electricidad y los niveles de ruido como motivos centrales.
La oposición ya tiene estructura organizativa: 142 grupos activistas distribuidos en 24 estados lograron frenar o demorar proyectos que representan en conjunto unos 64.000 millones de dólares en inversión, según datos de 2025. Desde organizaciones como MediaJustice, referentes del movimiento sostienen que la presión pública está teniendo efecto real sobre las decisiones de inversión y los calendarios de construcción.
El contexto de fondo: la carrera por el cómputo
El conflicto social se desarrolla en paralelo a una escalada sin precedentes en la construcción de infraestructura tecnológica. El gasto en construcción de centros de datos creció un 331% desde 2021, traccionado por la demanda de capacidad de cómputo para entrenar y correr modelos de lenguaje grandes —como los que alimentan a ChatGPT, Gemini o Claude— y por la expansión de los servicios de nube. Las grandes tecnológicas compiten por asegurarse chips especializados (GPU, los procesadores esenciales para IA) y el espacio físico donde instalarlos.
Virginia es el estado con mayor concentración de centros de datos del mundo. La demanda eléctrica en esa región creció alrededor de un 30% interanual como consecuencia directa de esa infraestructura. En algunos distritos del estado, la expansión del sector ya supera la capacidad de la red eléctrica local para absorberla sin afectar a los residentes.
Un debate que entra en la agenda política
Lo que empezó como conflictos vecinales dispersos se fue consolidando como un tema de política pública. Legisladores de orientación progresista presentaron pedidos de moratoria y medidas de protección para las comunidades afectadas. Analistas del sector advierten que el impacto en las facturas eléctricas de los hogares podría convertirse en un tema electoral relevante de cara a las elecciones de 2026 en Estados Unidos.
La tensión de fondo es estructural: las empresas tecnológicas necesitan construir más infraestructura cuanto antes para mantenerse competitivas en la carrera por la IA, pero esa construcción ocurre en lugares donde vive gente que no necesariamente ve beneficios directos y sí percibe costos concretos. La encuesta del 70% no es solo un número: refleja que esa tensión dejó de ser un tema de nicho para convertirse en una preocupación extendida en la sociedad estadounidense.
