Una obligación legal para el sector de los combustibles
Un proyecto de ley en tratamiento en el Congreso propone modificar de raíz el rol de las estaciones de servicio frente al avance de la electromovilidad. La iniciativa plantea que las bocas de expendio con mayor volumen de despacho de combustibles líquidos estén obligadas a instalar cargadores rápidos para vehículos eléctricos, con plazos concretos de cumplimiento y estándares técnicos definidos por la autoridad de aplicación.
El proyecto se inscribe en un debate más amplio sobre cómo acompañar la transición energética en el transporte. Hasta ahora, la instalación de puntos de recarga en el país fue una decisión voluntaria, impulsada principalmente por algunas terminales automotrices, centros comerciales y emprendimientos privados. De aprobarse, esa lógica cambiaría: la electromovilidad pasaría de ser una apuesta comercial a convertirse en una exigencia regulatoria para parte del sector expendedor.
Qué establece la iniciativa
El texto fija una serie de obligaciones escalonadas en función del tamaño de cada estación. Las bocas con mayores ventas anuales deberán contar con cargadores de alta potencia, mientras que las de menor volumen tendrían exigencias más livianas o quedarían exceptuadas. La idea es evitar que la carga regulatoria recaiga sobre operadores pequeños del interior, donde la demanda de recarga eléctrica todavía es marginal.
El proyecto también contempla beneficios fiscales para quienes inviertan en infraestructura de recarga, mecanismos de simplificación administrativa para acelerar las habilitaciones y reglas de interoperabilidad entre los distintos sistemas de carga disponibles en el mercado. Ese último punto es central: hoy conviven en el país distintos protocolos y aplicaciones, lo que dificulta que un usuario pueda cargar su auto en cualquier punto sin gestionar múltiples cuentas o tarjetas.
Otro capítulo de la iniciativa apunta a las modalidades comerciales. La normativa vigente no contempla con claridad cómo deben cobrarse los servicios de recarga eléctrica, qué tipo de medición se aplica ni cómo se factura la energía despachada. El proyecto busca ordenar ese vacío y habilitar nuevos esquemas de cobro, alineados con las prácticas internacionales.
Antecedentes en otros países
La discusión local tiene un antecedente fuerte en Europa. En 2022, el Gobierno de España aprobó una regulación que obliga a determinadas estaciones de servicio a instalar infraestructura de recarga. La norma establece que las estaciones con ventas superiores a 10 millones de litros en 2019 deben contar al menos con un cargador de 150 kW, mientras que las que superan los 5 millones de litros deben instalar uno de 50 kW. La medida afectó a más de mil bocas de expendio en todo el territorio español.
Posteriormente, la ley de movilidad sostenible profundizó esas exigencias para las estaciones más grandes, con la obligación de incorporar grupos de recarga de 400 kW en una primera etapa y de 600 kW más adelante, con plazos de adaptación graduales. El Real Decreto 184/2022, en paralelo, fijó las reglas para la prestación del servicio de recarga, habilitando que pueda ser brindado tanto por el titular de la estación como por un tercero dentro del predio.
El modelo europeo influye en el debate argentino porque resuelve dos cuestiones de fondo: define con qué umbral de ventas se activa la obligación y cómo se reparten responsabilidades entre estacioneros, operadores de recarga y distribuidores eléctricos.
El sector, en alerta
La cámara que agrupa a los expendedores viene siguiendo de cerca el avance de la electromovilidad y reclama un marco previsible antes de avanzar con obligaciones de inversión. El costo de un cargador rápido no es menor: la instalación, la adecuación de la red eléctrica interna y los trámites de habilitación pueden representar montos significativos para operadores que ya enfrentan márgenes ajustados en la venta de combustibles tradicionales.
El tratamiento del proyecto en comisiones será el primer test para medir el apoyo político de la iniciativa y el grado de consenso sobre los plazos, los umbrales y los incentivos fiscales asociados. Mientras tanto, el parque de vehículos eléctricos e híbridos sigue creciendo en el país, aunque desde una base baja, y la falta de infraestructura pública de carga continúa siendo una de las principales barreras para acelerar su adopción.
